Migración haitiana: Racismo y Nacionalidad

Franklin Franco

MIGRACIÓN HAITIANA: RACISMO Y NACIONALIDAD

Franklin Franco

Todo parece indicar, acorde con las cifras estadísticas que manejan los organismos internacionales, que uno de los grandes problemas que legará el capitalismo salvaje al mundo en el presente siglo, lo será el migratorio, y naturalmente, derivado de allí, el crecimiento del fundamentalismo nacionalista cimentado en interpretaciones religiosas, los brotes de repudio masivos y violentos hacia manifestaciones culturales foráneas, el atizamiento de los sentimientos de repudio (xenofobia) a causa de las diferencias étnicas o raciales, en fin, el crecimiento del odio por las naturales diferencias étnicas o culturales, la manipulación del nacionalismo, mediante el uso desenfrenado de los medios de comunicación, y hasta de los sistema educativos. Según cifras de la ONU, actualmente hay en el mundo 200 millones de emigrantes.

Es oportuno subrayar, que sólo en los últimos diez años, la política criminal de agresión que bajo el pretexto de la defensa a su “seguridad nacional” lleva a cabo los Estados Unidos en Medio Oriente, (pero también sus aliados de Israel) ha originado un flujo migratorio –que solo en el caso de Irak, supera los dos millones de personas y todo parece indicar que una cifra parecida arrojara la invasión de Afganistán y los inmisericordes bombardeos que la llamada “comunidad internacional”, (Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España, etc.,) está efectuando también en el sur de Pakistán, zona limítrofe con el país de los talibanes.

Si a lo anterior agregamos los millones de inmigrantes legales e ilegales rumanos, húngaros, polacos, rusos, servíos, croatas, albanos, kosovares, etc., que a raíz del desplome del campo socialista y de la destrucción y guerra interior de Yugoslavia, y de la “salvadora” intervención militar allí de la OTAN, han comenzado a desparramarse por Europa y América, y le añadimos el enorme crecimiento de la ola migratoria ilegal que por la vía marítima está llegando al viejo continente procedente de África, donde el hambre que sembraron los poderes imperiales europeos está alcanzando los límites de la existencia humana, no es atrevido sostener que el “capitalismo salvaje”, herido ahora de gravedad por la peor de sus crisis financieras, está originando un verdadero desquiciamiento del ordenamiento demográfico del mundo.

A decir verdad, el fenómeno migratorio no lo originó el advenimiento del sistema capitalista, nació hace miles de años a partir del momento en que el hombre se desplazó de África hacia Europa. Los estudios de las migraciones han determinado hace muchos años sus causas principales, acentuando como factores claves las razones económicas, los trastornos climáticos originados por fenómenos de la naturaleza, y en menor medida, los conflictos y las guerras tribales desatadas entre pueblos antiguos, y hasta la voluntad individual y grupal impulsada muchas veces por mitos o creencias religiosas, o por cuestiones de mejorías en las condiciones de vida. Pero estas primeras migraciones antiguas registraron un carácter local o regional, circunscritas a las áreas continentales.

Sin embargo, está establecido que la masificación migratoria la inauguró el capitalismo en su fase colonial, cuando el descubrimiento de “nuevos mundos” y el desarrollo de nuevas técnicas de navegación permitieron el establecimiento de una red mundial de comunicación interoceánica, que facilitó el traslado forzado de los brazos necesarios para la explotación de los nuevos territorios conquistados. Esta etapa de la historia migratoria no fue voluntaria sino violenta. Como se conoce solo de África hacia América, las grandes empresas dedicadas al tráfico negrero, inglesas, francesas, portuguesas, holandesas, etc., trasladaron por la fuerza a cerca de 20 millones de seres humanos. Sangría descomunal de población que trastornó el desarrollo demográfico natural del continente negro.

La sociedad dominicana no ha escapado a la gran oleada migratoria que se está registrando en todo el mundo. Sobre ese particular debemos decir, que a pesar de la ausencia de registros confiables, se conoce que solo en el estado de New York residen cerca de un millón de dominicanos, que más de 100 mil están desparramados por Europa, que más de 50 mil residen en Venezuela, más de 100 en Puerto Rico y que hasta en el territorio de Alaska ya hay una colonia que se aproxima al millar de nacionales.

Subrayamos sin embargo, que el fenómeno emigratorio masivo dominicano es nuevo, que comenzó su desarrollo a partir de la 2da. Intervención Militar de Estados Unidos en nuestro país (1965), y que se acentuó de manera firme durante los trágicos doce años (1966-1978) que vivimos bajo el régimen represivo de Joaquín Balaguer, para continuar a ritmo acelerado hasta nuestros días.

¡Paradoja de la historia dominicana! Mientras los datos estadísticos refieren que a partir de 1966 nuestra sociedad comenzó a registrar un crecimiento casi permanente del Producto Bruto Interno, superando en ese orden los años anteriores, la emigración hacia Estados Unidos y Europa, pero sobre todo la ilegal, es decir, los viajes en yolas hacia Puerto Rico, primera escala hacia Estados Unidos, alcanzaron niveles nunca antes registrados.

La anterior permite advertir que el desarrollo económico del modelo de capitalismo que nos han impuesto, ha sido incapaz de satisfacer las demandas de trabajo y de servicios generados por el crecimiento demográfico de la población dominicana.

Dicho de otra manera: la organización económica capitalista que hemos conocido en los últimos años, se ha constituido en una fuerza expulsiva de la población dominicana.

Pero dejemos a un lado el tema de la emigración dominicana y pasemos a examinar el problema de la inmigración, el cual nos permitirá adentrarnos más adecuadamente dentro de la problemática central de este seminario.

Permítanme decirles de entrada que si bien en América Latina en sus naciones continentales pueden objetivamente identificarse muchos elementos semejantes que afloran en el examen de las emigraciones que han llegado a partir de su proceso de independencia, en cambio en las Antillas, y en ciertas regiones caribeñas, la cuestión inmigratoria registra matices sumamente diferentes. Y dentro de las grandes Antillas, el caso dominicano es peculiar.

Por ejemplo: los flujos migratorios recibidos en territorio continental, incluyendo Estados Unidos, durante el siglo XIX y el siglo XX, fueron de procedencia europea. En Santo Domingo en cambio, la entrada de emigrantes europeos durante esos dos siglos fue prácticamente insignificante.

A pesar de todos esfuerzos realizados por todos los gobiernos dominicanos, es decir de las leyes y decretos estimulantes, emitidos para favorecer los emigrantes europeos durante el siglo XIX, el número de extranjeros procedentes del viejo continente llegado a nuestro territorio no alcanzó la cifra de mil.

Iguales resultados se registraron durante el siglo XX, aunque hay que decir que debido a los grandes conflictos que se desarrollaron en Europa (1ra y 2da Guerras Mundiales, además de la Guerra Civil española) la emigración europea entre 1900 y 1950, puede que alcance el número de los 30 mil, cifra que debe envolver cerca de tres mil refugiados de la Guerra Civil Española y los judíos europeos, llegados entre 1939-1941.

Durante ese mismo período, sin embargo, debemos tener en cuenta y agregar el arribo a nuestro país entre 1900 y 1930, (por causas derivadas particularmente de la 1ra. Guerra Mundial) de varios miles de emigrantes árabes (sirios, libaneses, palestinos, fundamentalmente) y por otros motivos, algunos centenares de chinos.

Importante es que subrayemos la rápida y natural integración de esos emigrantes al medio social dominicano, su importante contribución al desarrollo cultural nacional, y su rápido ascenso dentro del marco del desenvolvimiento económico nacional. No pocos miembros descendientes de esos emigrantes ocupan hoy posiciones cimeras en el plano del comercio, la industria, el académico y hasta de la política.

No en vano se dice en Santo Domingo, que: “Ser extranjero y blanco constituye una profesión”.

 

II

En verdad, los más importantes flujos migratorios hacia nuestro país se inician a partir de la séptima década del siglo XIX, con el resurgimiento de la industria azucarera que impulsan en nuestro país inmigrantes capitalistas cubanos y en menor medida puertorriqueños, a los que se unieron, poco más tarde, algunos empresarios norteamericanos y algunas familias italianas.

Pero debido al despoblamiento de nuestro territorio y a la escasa integración de la población rural a las duras labores del corte y recogida de la caña, los industriales azucareros necesitaron de la importación de mano de obra extranjera, que en principio fue puertorriqueña, pero que debido a las prohibiciones levantadas por las autoridades coloniales españolas de Puerto Rico contra la salida de sus braceros, tuvo que ser reemplazada por emigrantes de las pequeñas Antillas inglesas del Caribe, donde por cierto existía experiencia en esas labores y en donde esa industria había entrado en crisis, debido al crecimiento de la industria remolachera europea.

A partir del siglo XX, esta nueva inmigración fue creciendo, hasta que la ocupación norteamericana de Haití en 1915, y de la República Dominicana al año siguiente, conjuntamente con el aumento de los intereses norteamericanos mediante la apropiación fraudulenta de inmensas propiedades de tierras cañeras, los “cocolos” (como le llamaron los dominicanos a los braceros procedentes de las pequeñas Antillas) comenzaron a ser sustituidos por braceros haitianos.

A lo anterior hay que añadir que también durante su intervención militar los norteamericanos importaron grandes contingentes de obreros haitianos para la construcción de las carreteras que unieron al Cibao con Santo Domingo, y otra para enlazar a esa misma ciudad con San Pedro de Macorís y con La Romana, en la zona Este, y por igual, a la iniciada para comunicar la ciudad capital con Barahona.

No hay datos estadísticos confiables sobre la cantidad de inmigrantes haitianos llegados para laborar en la industria azucarera y en las construcciones durante la ocupación norteamericana de 1916-1924. Los documentos señalan cerca de 7,000; pero como se sabe que es en esta etapa cuando se inicia en Haití el apresamiento de labradores para su traslado forzado a los campos de caña de nuestro país, la cifra verdadera seguramente fue superior.

Pero no es nuestro interés tampoco el ofrecer aquí una historia pormenorizada de la inmigración haitiana a Santo Domingo, misión imposible por la ausencia de datos confiables.

Sin embargo, subrayamos que ya en 1935, según apunta el Dr. Ramón Veras, en su texto: “Inmigración haitiana y esclavitud”, el Ministro de Relaciones Exteriores, exagerando la nota hablaba de la presencia de 400,000 haitianos residiendo en nuestro suelo. El censo de ese año arrojó una población total para nuestro país cercana al millón y medio de habitantes.

Bien llegado a este punto, es bueno que subrayemos ahora, que a partir de las primeras décadas del siglo XX y hasta hace poco, la industria azucarera fue la columna principal de la economía nacional y que debido al rechazo del trabajador dominicano a las labores en esa industria, a causa de los bajos salarios y las desgraciadas condiciones de existencia reinante en los ingenios, la fuerza de trabajo del obrero haitiano fue la que sostuvo esa industria.

Durante los primeros años de la dictadura de Trujillo, primero mediante presiones y más luego mediante la ley No. 597 del 31 de octubre de 1933, se efectuaron intentos de dominicanizar el trabajo en la industria azucarera. Esfuerzo que resultó inútil pues los ingenios azucareros, propiedad de norteamericanos en su mayor parte, se resistieron al cumplimiento de esa ley que establecía, que el 70% de la mano de obra de esa industria tenía que ser dominicana.

Tan complaciente resultó ser el dictador dominicano con los norteamericanos dueños de los ingenios, que cuando en 1937 ordenó a su ejército el brutal genocidio que terminó con la vida de más de 15 mil haitianos (en esa bárbara jornada salvaje fueron asesinados también centenares de dominicanos de color), no obstante la actividad laboral transcurrió absolutamente normal en los predios azucareros extranjeros.

III

Como se conoce, la industria azucarera nacional que pasó a ser patrimonio de la nación después de la muerte de Trujillo, prácticamente ha desaparecido.

La mató el neoliberalismo impuesto por Estados Unidos a nuestro país, acción economicida sellada con un tratado de libre comercio firmado hace pocos años. Esa política, que dicho sea de paso está liquidando la actividad agrícola y ganadera, ha transformado todo nuestro aparato productivo, convirtiéndonos en una sociedad dedicada a los servicios, cuyos pilares fundamentales son el turismo, las zonas francas, y las remesas en divisas, fruto de la venta de la fuerza de trabajo de los dominicanos residentes en el extranjero, pero sobre todo en Estados Unidos.

Esa brusca transformación de la economía nacional se produjo, cuando nuestra industria azucarera ocupaba en sus labores a miles de braceros haitianos, fuerza de trabajo que buscó rápidamente amparo, con el beneplácito de hacendados y empresarios nacionales, en otras actividades productivas, tales como en la recogida del café, la siembra y mantenimiento del cultivo del arroz, pero sobre todo en la industria de la construcción.

Esa transformación acelerada de nuestra economía, a su vez, ocurrió en los precisos momentos en que Haití, ya considerada la nación más pobre de nuestro continente, comenzaba a sacudirse de la dictadura de la familia Duvalier, y a saborear las primeras migajas del “manjar” de la democracia representativa, con la llegada al poder en elecciones del presidente Arístides, su líder popular de mayor arraigo. Sin embargo, poco tiempo después una nueva tanda de golpes militares introdujeron en la patria de Toussaint una situación de inestabilidad política y el intervencionismo de las grandes potencias, tortuoso proceso que culminó con la ocupación militar de Estados Unidos, esta vez en nombre de la ONU, bajo la excusa de la necesidad de restaurar allí el orden, la paz y la democracia.

Como se conoce, durante ese tumultuoso período, miles de haitianos se lanzaron al mar hacia las costas de Estados Unidos en frágiles embarcaciones, y al mismo tiempo otra cantidad mayor en masiva peregrinación impulsada por el hambre, el desempleo y el caos político, buscó refugio en nuestro país, donde poco a poco se fue insertando en el aparato productivo nacional agrícola e industrial.

La irrupción de esa nueva oleada de campesinos desposeídos y obreros desempleados a nuestro territorio (fenómeno que no se ha detenido) ha desatado aquí todos los demonios del racismo, envuelto bajo el ropaje del nacionalismo, reviviendo y fortaleciendo todos los viejos prejuicios antihaitianos que ha cultivado en nuestra sociedad la reducida oligarquía que controla el poder político en nuestro país desde 1844.

Prejuicios y estereotipos enchufados con meticulosidad de orfebrería en la mente de nuestro pueblo mediante el uso riguroso del sistema educativo nacional, los medios informativos, y con la creación y mantenimiento de grupos de intelectuales especializados en la tergiversación de nuestra historia y en la promoción del racismo antihaitiano, actividad esta última que se ha convertido en una verdadera profesión, mediante la cual, sus más destacados representantes han escalado al apreciado campo de la diplomacia y al muy bien pagado mundo de la dirección política y burocrática de la nación.

A decir verdad, en el manejo de los prejuicios racistas han jugado un papel importante algunas peculiaridades de la historia nacional. Así por ejemplo: La República Dominicana, a diferencia de los demás pueblos de América Latina, es la única nación que alcanzó su independencia (1844), en brega con otro pueblo de nuestro continente: Haití, integrado fundamentalmente por una población de acentuados ancestros africanos.

Esa singularidad ha facilitado el desenvolvimiento aquí de un falso sentimiento nacionalista alimentado por concepciones racistas antinegras, realidad que ha estado presente, pero muy presente, en el pensamiento de los principales dirigentes políticos nacionales desde 1844 hasta nuestros días.

Para muestra, pongamos un ejemplo, precisamente del campo migratorio que es el que nos ocupa:

Durante el siglo XIX y XX, a causa de la despoblación de nuestro territorio, se tomaron decenas de disposiciones (reglamentos, decretos, leyes, etc.) dirigidos a estimular el crecimiento de la población dominicana. Todas estas disposiciones, absolutamente todas, envolvían la prohibición del ingreso a nuestro país de personas de color, y el estimulo, incluso, mediante concesiones territoriales, de emigrantes europeos blancos; pero también de puertorriqueños y cubanos; naturalmente también blancos.

Es importante que subrayemos que esa conducta fue asumida como política de Estado durante los gobiernos de Trujillo y Balaguer. Durante el primero de estos dos mandatarios se promulgaron leyes, que al tiempo que prohibían las manifestaciones culturales procedentes de las culturas negras, se condenaba con prisión su práctica.

En un informe elaborado a petición de Trujillo en 1945, por un conjunto de los más destacados intelectuales dominicanos de aquella época, se pueden leer las líneas maestras que han guiado la política migratoria de la República Dominicana durante muchos años:

“La inmigración europea, o, más exactamente dicho, la inmigración de hombres y mujeres de origen caucásico, de cultura semejante a la del núcleo alrededor del cual se ha formado el pueblo dominicano, y que, a pesar de todas sus adulteraciones etnológicas, le ha legado su ideología y sus tradiciones, es una necesidad inaplazable de nuestra vida nacional. La progresión del crecimiento vegetativo de los africanos traídos a nuestro suelo por los españoles y de los ingresados después, mucho más rápida, que la de los europeos; las sucesivas oleadas de los haitianos que vinieron en invasión bélica o en infiltración pacífica, y la insistente inmigración de negros de las pequeñas Antillas han ido creando condiciones que, sin mejorar en nada nuestra tradicional cultura, de no ser corregidas a tiempo por una corriente de inmigración blanca acabarían por apartar a la población dominicana de sus originales vinculaciones hispanas. Y ese proceso de adulteración no puede ser indiferente a un pueblo cuya independencia está condicionada al mantenimiento de las barreras que lo defienden de la invasión material y espiritual de los pueblos de origen puramente africano que lo rodean” (“Capacidad de la República Dominicana para absorber refugiados”. Dictamen de la Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para el estudio del Informe de la Brookings Institution sobre “La Colonización de Refugiados en la República Dominicana” Pág. 33. Editora Montalvo. Ciudad Trujillo, Rep. Dom. 1945).

*

Pero dejemos a un lado las cuestiones históricas y pasemos ahora al examen de un tópico de mucha actualidad: el llamado “proceso de desnacionalización que está originando la inmigración haitiana”.

De entrada les expreso que solo en los últimos diez años han sido publicados aquí cerca de cincuenta textos con ensayos que abordan esa temática, escritos por “especialistas” en la materia muy bien pagados. Los artículos en los diarios y revistas no los he registrado, pero deben pasar de varios cientos, si es que no llegan a varios miles.

Por los argumentos y las citas documentales que ya he expuesto, el tema sobre el peligro de la inmigración de los negros haitianos es añejo. Lleva más de un siglo en el tintero de la producción intelectual nacional. Lo único novedoso dentro del tema de la “desnacionalización” son las argucias leguleyas que, bajo el prisma del “ocaso de la nación dominicana”, a causa de esa emigración, se han registrado en los últimos años.

De paso les comento que no hay registros estadísticos que nos indiquen, ni siquiera en los últimos censos, a cuánto asciende la población haitiana (legal e ilegal) radicada en nuestro país, ni mucho menos, el número de sus descendientes nacidos en nuestro territorio.

Sin embargo, los voceros autorizados de los sectores antihaitianos nos hablan de la existencia de más de un millón, y no pocos expresan que ya residen aquí cerca de dos millones, en su mayor parte, ilegales. Y si no hay datos oficiales, esto debe condicionarnos a pensar entonces, que los gobiernos no tienen interés en conocer con exactitud esa cifra; esto último nos conduce a plantear esta amarga realidad.

En nuestro país existe un sector poderoso de empresarios agrícolas e industriales interesados en mantener en condiciones de ilegalidad a los haitianos que, por razones derivadas de las condiciones de miseria en que viven en su patria, se han visto obligados a abandonarla tras la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Motivo este último determinante en la época moderna, de todos los procesos migratorios, incluyendo el de los dominicanos que abandonan nuestro territorio y que en frágiles yolas se lanzan a la mar con destino a Puerto Rico.

Ese grupo poderoso de empresarios industriales, de la construcción y de la agricultura, no solo ha estimulado esa inmigración ilegal, sino que incluso, la ha organizado mediante la utilización de agentes o “buscones” dominicanos y haitianos, que actúan en ambos lados de la frontera, atrayendo con señuelos envueltos en ensueños a labriegos e indigentes de aquella nación empobrecida, para que se trasladen a nuestro territorio, como “ejército de reserva”, presionando de manera permanente el mercado laboral dominicano, factor determinante que ha derribado aquí el salario de nuestros trabajadores agrícolas e industriales, de los obreros de la construcción, y de paso, ha debilitado la organización sindical nacional. El trabajador haitiano, ante el temor a ser desplazado, e incluso, deportado con la complicidad de cualquier encargado del “orden público”, labora por bajísimos salarios sin protección laboral, sin seguridad social, y se muestra renuente, no sólo a exigir mejorías salariales, sino también, a la organización sindical; factor determinante que ha multiplicado hasta el infinito la cuota de la plusvalía –ganancias- de los capitales de constructores, hacendados e industriales.

Bien llegado a este punto, es importante subrayar que el tráfico ilegal de trabajadores haitianos ha disfrutado de la complicidad de muchos de nuestros gobiernos, de los partidos tradicionales, de oficiales corruptos de las fuerzas armadas, de funcionarios fronterizos de la dirección de inmigración, quienes han logrado crear con el paso de los años, todo un eficiente aparato para el tráfico de fuerza de trabajo mediante la inmigración ilegal, sumamente lucrativo.

Otro de los procedimientos para el mantenimiento vitalicio de esa inmigración ilegal, que les reitero, actúa como ejército de reserva laboral y que ha destruido el nivel salarial de nuestros trabajadores, lo es el empleo de argucias leguleyas, que han envuelto últimamente, incluso, nuevas interpretaciones del derecho constitucional dominicano.

Como se conoce, todas las constituciones dominicanas hasta hoy, (pues ignoro cómo lo contempla la próxima que ya se aprobó, pero que no ha sido promulgada, cuya redacción final muy pocos conocen) han establecido que: “Son dominicanos, todas las personas que nacieren en el territorio de la República Dominicana, con excepción de los hijos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén en tránsito en él”.

Pues bien, el 15 de agosto del año 2004, fue promulgada una nueva Ley de Migración, que modifica la No. 1683 del 1948, la cual sobre la base de la “interpretación” del artículo de nuestra constitución anteriormente citado, violenta nuestra Carta Magna para satisfacer, en apariencia, a los grupos “nacionalistas” dominicanos, pero en el fondo, como veremos, para proteger la explotación inmisericorde de la fuerza de trabajo de los ilegales de parte de los hacendados y empresarios agrícolas y de la construcción, que necesitan el mantenimiento y el crecimiento permanente de esa población de indocumentados haitianos, para elevar su cuota de ganancia mediante la explotación inmisericorde de esa fuerza de trabajo que labora en sus fábricas, haciendas y construcciones, sin ninguna protección laboral; es decir, en condiciones de semiesclavitud.

Según esa nueva ley de inmigración, que reiteramos vulnera el derecho constitucional dominicano, las mujeres “extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a luz a un niño(a), deben conducirse al consulado de su nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo(a)”, para negarle de esa manera la nacionalidad que le corresponde según nuestra Constitución, y en cambio, considerarlos como extranjeros.

La conducta de los legisladores dominicanos que elaboraron esa nueva ley de migración violatoria de nuestra constitución, no solo fue grotesca, sino además risible, pues para alcanzar su propósito se vieron en la necesidad de modificar el diccionario de la lengua, señalando en último párrafo del artículo 36, que “los no residentes, para los fines de esa ley, son considerados personas en tránsito”; ahora, “no residente constituye un sinónimo de transito” que es como decir, hablando en término matemático, que cinco no es igual a cinco, sino a siete.

La promulgación de esa ley, que fue propiciada por un reducido grupo de legisladores dominicanos de franca militancia racista antihaitiana, seguidores de Joaquín Balaguer y ahora “leonelistas”, provocó airadas protestas de los sectores organizados más sanos de la sociedad civil, quienes elevaron incluso ante la Suprema Corte de Justicia, una petición solicitando fuese declarada inconstitucional y nula.

A esa instancia le siguió un documento contrario, es decir de refutación de la anterior solicitud de inconstitucionalidad, y de apoyo a la referida ley de migración, firmada por decenas de dirigentes del partido balaguerista, de unos pocos incautos “nacionalistas”, de un nutrido grupo de abogados al servicio del gran mundo empresarial y veinte exgenerales de las fuerzas armadas.

Tal como le fue requerido, la Suprema Corte de Justicia, con fecha 14 de diciembre de 2005, evacuó su sentencia, ¡verdadero adefesio jurídico!, donde, no solo confirma la validez de la ley de migración No. 285-4, sino que además, le atribuye al Congreso el pleno derecho de violar la Constitución de la República, cuando afirma:

“Considerando, que el hecho de ser la Constitución la norma suprema de un Estado no lo hace insusceptible de interpretación, como aducen los impetrantes, admitiéndose modernamente, por el contrario, no solo la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia sino la que se hace por vía de la llamada interpretación legislativa, que es aquella en que el Congreso sanciona una nueva ley para fijar el verdadero sentido y alcance de otra, que es lo que en parte ha hecho la Ley General de Migración, núm. 285-04.

Los juristas constitucionalistas de todas partes del mundo se morirán de risa cuando lean semejantes argumentos. Pero hay otros casos que también mueven a la misma reacción. Leamos por ejemplo este otro considerando de nuestra Suprema Corte de Justicia

Considerando, que, en efecto, cuando la Constitución en el párrafo 1 de su artículo 11 excluye a los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él para adquirir la nacionalidad dominicana por jus soli, esto supone que estas personas, las de tránsito, han sido de algún modo autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país; que si en esta circunstancias, evidentemente legitimada, una extranjera alumbra en el territorio nacional, su hijo(a), por mandato de la misma Constitución, no nace dominicano…”

Son muchos los “considerando” de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (en total suman 21) que por sus aspectos ilógicos ameritarían ser comentados, pero como tengo el tiempo limitado, me voy a referir solamente a otro más; precisamente al último citado.

Como en otros, en este que me ocupa, la Suprema Corte de Justicia considera a los trabajadores haitianos indocumentados residentes en el país, como personas que se encuentran en tránsito, para así justificar que los hijos de las madres haitianas nacidos en nuestro territorio se vean impedidos de obtener nuestra nacionalidad. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia para darle alguna justificación a su extraña apreciación, en una voltereta leguleya increíble, pasa a estimar en ese mismo considerando que comentó, que esas madres trabajadoras haitianas, calificadas en situación de tránsito, (lo cito): “… han sido de algún modo autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país”; y agrego: “que si en estas circunstancias, evidentemente legitimada (con en tránsito) una extranjera alumbra en el territorio nacional, su hijo(a) por mandando de la misma constitución, no nace dominicano”.

Las contradicciones que contiene este considerando son muchos, pero solo vamos a subrayar una que parece una perla:

¿Quiénes autorizaran de “algún modo” a los trabajadores indocumentados haitianos a “entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país”, otorgándole la calidad de persona en “tránsito”? ¿Tienen los “buscones” y “contratistas” de trabajadores haitianos facultad legal para ello? ¿Tienen también esa facultad los hacendados y los ingenieros constructores?

Las discusiones sobre una interpretación jurídica podría parecer a muchos como una simple cuestión de apreciación del ordenamiento del pensamiento lógico, pero en este caso no es así; hay aquí algo más grave. Se trata de una verdadera tragedia.

En nuestro país hay decenas de miles de niños y adolescentes condenados a vivir en el limbo jurídico en cuanto a su identidad y a su nacionalidad, nacidos y criados en nuestro país, por tanto dominicanos, a quienes nuestro Estado les está negando ese derecho, realidad que envuelve una flagelante violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a más de una decena de acuerdos internacionales firmados por nuestra nación.

Todo ello, en beneficio de un reducido grupo de empresarios del campo y la ciudad que necesitan del mantenimiento de un “ejército de reserva” de fuerza de trabajo, que son en este caso los obreros indocumentados haitianos (y a partir de la nueva Ley de Migración, también sus hijos aquí nacidos) para que laboren en sus fincas y fábricas sin ningún derecho, con salarios miserables, sin ninguna posibilidad de reclamo, en las peores condiciones higiénicas de trabajo, absolutamente huérfanos de toda protección social laboral y legal.

Todo lo anterior, para mantener también los niveles salariales de los obreros dominicanos por el suelo.

¡Increíble manera del “capitalismo salvaje dominicano” de aumentar la plusvalía al infinito!

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Orbe Quince agradece sobremanera al Dr. Franklin Franco por la entrega del precedente escrito para su publicación
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