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11.1.09

EL TRATADO DE BASILEA, 1795 - Por Manuel Arturo Peña Batlle

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EL TRATADO DE BASILEA
Y LA DESNACIONALIZACION DEL SANTO DOMINGO ESPAÑOL

Por Manuel Arturo Peña Batlle
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Capítulo I
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El 22 de julio del 1795 se firmó en Basilea (Suiza/nota de Orbe Quince) el tratado de paz entre la República Francesa y el Rey de España. La guerra se empeñó entre ambos países a causa de la muerte de Luis XVI (guillotinado/OQ) Un año después, el 19 de agosto de 1796, se firmó en San Idelfonso un tratado de alianza ofensiva y defensiva entre las mismas partes. Dominaba entonces en España el valimento del Príncipe de la Paz, don Manuel de Godoy y Alvarez de Faría, favorito del Rey Carlos IV.
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El suceso de estas paces tuvo honda repercusión en la isla de Santo Domingo, especialmente en su parte española. Por el tratado de paz de Basilea se le cedió a Francia en propiedad “toda la parte Española de la isla de Santo Domingo en las Antillas”. El artículo 9 del tratado dispuso esta cesión y lo concerniente a la efectividad de la misma.
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En 1795 hacía justamente tres siglos y tres años que la “parte española de la Isla de Santo Domingo” vivía bajo el dominio político, social, económico y cultural de España. En ese largo lapso se había desarrollado en aquella parte, una sociedad necesariamente enraizada en las formas sociales de la Metrópoli. Tres siglos y tres años son, sin duda, tiempo suficiente para que una colectividad humana adquiera configuración histórica y sentido cultural propio.
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El 17 de octubre del mismo 1795 se publicó oficialmente en Santo Domingo la noticia de que la comunidad había sido cedida a Francia. La diligencia de la publicación se la encomendó Godoy al Gobernador y Presidente de la Real Audiencia, don Joaquín García, y al Arzobispo de la Diócesis, Fray Fernando Portillo y Torres. Cuando éste informó de la reacción que produjo la noticia en el ánimo público dio muestras de su untuoso espíritu de sumisión, pero no pudo disimular la gravedad de los sucesos. En carta del 24 de octubre a don Eugenio de Llaguno dijo lo siguiente: “Con la noticia y publicación de la muy acertada cesión de esta isla que se publicó el 17 del corriente, aunque acompañada de la muy plausible noticia de unas paces tan gloriosas, se consternó este Pueblo, y si el común de estas Gentes fuera de un ánimo tan vigoroso y resuelto como los de España, me habría hecho temer una sedición; pero me pareció conveniente para contenerlo permitirle algunas horas de desahogo a su pasión Patriótica, que por ciega y entusiasmada podría arrollar con exovitancia los medios que opusiera la más exquisita política, especialmente cuando a vista de muchos el día de la publicación cayó muerta en medio de la calle una mujer exclamando, Isla mía, Patria mía” (2).
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En carta posterior, del 23 de noviembre siguiente, hizo nuevas consideraciones sobre el asunto al mismo Llaguno el Regente de la Audiencia de Santo Domingo, don José Antonio de Urizar. Esta comunicación tiene más meollo que la del Arzobispo y puso mejor de relieve las verdaderas consecuencias del despiadado paso que se acababa de dar en Basilea respecto de Santo Domingo. Godoy cayó en la trampa de ceder esta parte de la isla a la Convención Nacional (francesa/OQ) en momentos en que ésta, por razones obvias, no podía posesionarse efectivamente de la cosa cedida, quedando, por lo tanto, a cargo del español, la enorme responsabilidad de guardar la prenda hasta cuando su dueño estuviera en facilidad de reclamarla. La carta de Urizar hizo visibles los peligros de esta situación frente al inglés, en guerra contra Francia, y a las claras y patentes ambiciones de Toussaint, apoyado por ingleses y norteamericanos contra Francia y España.
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El mencionado artículo 9 del tratado de Basilea dispuso que “un mes después de saberse en aquella Isla la Ratificación del presente Tratado, las Tropas españolas estarán prontas a evacuar las Plazas, Puertos y establecimientos que allí ocupan para entregarlos a las tropas francesas quando se presenten a tomar posesión de ella”.
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El traspaso no pudo efectuarse en las condiciones previstas por el tratado. Lo impidieron las circunstancias política imperantes en Santo Domingo cuando hizo la cesión. Estas circunstancias podrán apreciarse por las informaciones de Urizar. Tan pronto como el Gobernador de la parte francesa, Mr. Laveaux, tuvo conocimiento de lo acordado en Basilea, envió tres emisarios a la ciudad de Santo Domingo a negociar con el Gobernador García la entrega de Bayajá y otras partes francesas que ocupaban los españoles, además de algunos otros puntos fuera de discusión. “Estos tres Comisarios, Parlamentarios, o Embajadores de la República (francesa/OQ), como ellos se quieren titular, se componen el primero, que es blanco, de un sugeto que pocos años hace estaba sirviendo de comediante en el Coliseo de la Ciudad de San Marcos de esta Isla en la parte francesa, que oy la poseen los Ingleses; el segundo de un Mulato revolucionario, que no puedo afirmar si era esclavo o no; y el tercero de un Negro esclavo que servía de Lacayo a un sugeto de distinción de aquella Colonia.: estos son los tres autorizados sujetos que han venido para tratar tan serios asuntos, y suponiéndose, y figurándose en nuestros Pueblos dueños, y arbitros de la Isla”.
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Aprovecharon los Embajadores su tránsito por las poblaciones dominicanas para levantar los ánimos con la propaganda de que tan pronto como se hiciera efectiva la posesión francesa, cesaría la esclavitud en la parte española. La propaganda se apoyó con el reparto de papeles impresos procedentes de París. Se trataba nada menos que del decreto de la Convención Nacional del 16 Pluvioso, año II de la República Francesa, que abolió la esclavitud de los negros en todas las colonias y aseguró a los habitantes de las mismas, sin distinción de color, el goce íntegro de los derechos emanados de la Constitución (3).
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Con genuina perspicacia profetizaba Urizar los males que nos traería la cesión a Francia: “Continuamos todavía pacíficamente pero llenos de recelos y cuidados de que no nos llegue el infeliz caso de alguna turbación debiendo sernos mas doloroso si aconteciese este desgraciado lance, el conocer y ver que los Franceses quando enemigos en Guerra no han podido trastornarnos, y ahora quando amigos, y en plena Paz den lugar a un ruido perjudicial a su República, y dañoso también a nosotros”. “Mi confusión en estos asuntos no nace de dudar qué debía hacerse en Justicia contra semejantes propagadores pues sus excesos están bien claros, y solo consiste mi perplexidad en ver que estos sujetos vienen como amigos con recomendaciones y protección de la República (francesa/OQ) a tratar sobre asuntos de ella; que no podemos prescindir de los respectos que los condecora este título; que si se procede a una demostración seria según su vanidad y orgullo, podríamos acaso incidir en el caso de que haviendo servido estas Posesiones para la Paz general, en el día podrían producir motivos de disgustos en indisposición de nuestra Corte con la República, y este es el caos y laberintos en que estamos metidos, pues ellos, en mi concepto desean nuevas confusiones, y convendría que en tiempo esté instruida su Convención para que se atagen los males que puedan sobrevenir con la tardanza”.Se negó rotundamente el Gobernador don Joaquín García a devolver las poblaciones reclamadas por la autoridad de la Colonia francesa, fundado en el invencible argumento de que el artículo 9 del tratado autorizó la entrega de la posición española a sólo persona expresamente apoderada por la Convención Nacional para recibir, estando el Gobernador Lavaux desprovisto de tales poderes.
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En puridad lo que se temía era hacer una entrega precipitada que le abriera las puertas de la parte española de la Isla a los ingleses, adueñados ya, en guerra con Francia, de una considerable porción de la parte francesa. España, sin interés en lo que había cedido, retuvo, sin embargo, la posesión sustancial de su perdida heredad para defenderla de una más grave contingencia: la conquista inglesa.No hay duda de que el Gobierno de Madrid, aun después de ceder a Santo Domingo, trató de recuperarlo mediante nuevas negociaciones con el Gobierno de París.
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Antes de que se iniciara el régimen de la gobernación francesa en esta parte de la isla, le propuso formalmente el Gabinete de Madrid al de París la cesión de La Luisiana en cambio de la parte española de Santo Domingo. El general Kerversau, en el enjundioso y clarividente informe que rindió al Ministro de la Marina “sobre la parte española de Santo Domingo después de su cesión a la República Francesa por el tratado de Basilea, hasta su invasión por Toussain”, da informes y pormenores de estas negociaciones y se extiende en un profundo examen crítico de la determinación francesa de no aceptar el cambio propuesto por España. (4)
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Apenas transcurridos dos meses después de la paz de Basilea, despachó el Gobierno francés un agente hacia Santo Domingo con el encargo de estudiar aquí las condiciones locales, enterarse de la situación y preparar todo lo concerniente a la importante empresa de la entrega. El agente escogido, Roume de St. Laurent, persona conocida de la Corte de España por haber desempeñado misión de ella en la isla de Trinidad, recibió instrucciones de pasar a Madrid antes de ir a Santo Domingo, para concertar con los funcionarios correspondientes los pormenores de su misión. Allí pasó un mes en conversaciones, terminadas las cuales el Rey lo hizo conducir en una fragata al término de su viaje. Llegó a Santo Domingo el 4 de abril de 1796.
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La misión preparatoria de Roume tuvo grandísima significación política. Con ella inicia el historiador García la época que con profundo sentido llama “Período de la desnacionalización”. Con el Comisario Roume llegaron a nuestro país todos los elementos del nuevo espíritu europeo para convertirse en elementos de administración y gobierno. Ninguna palabra más apropiada que la de DESNACIONALIZACION para especificar los funestos resultados del cambio convenido en Basilea. Todos los historiadores españoles, aún aquellos que juzgaron honrosas y útiles las paces del 1795, enjuician con dureza la cesión de la “histórica isla de LA ESPAÑOLA, recuerdo glorioso de los albores de nuestra epopeya americana”. En Basilea, según lo señala don Antonio Ballesteros y Beretta, se dio “el primer paso hacia la más desdichada de las alianzas”, la de San Idelfonso, que conduciría a España al borde de la ruina.
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Todo aquello resultaba monstruoso: Basilea, San Idelfonso, Godoy, Carlos IV, María Luisa, Fernando VII. De ese amasijo de vilezas sacaba Santo Domingo el más triste premio a su lealtad: el de ser traspasado sin miramiento a la influencia de sus enemigos naturales. A los cien años de Ryswick nos entregaban a Francia los descendientes de Felipe V, los mismos Borbones que entonces malograron nuestro destino, al regularizar, contra el sentimiento de los dominicanos, la depredación de los bucaneros.
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Es justo reconocer, sin embargo, que la cesión de Santo Domingo no la recibió con agrado ningún sector del pueblo español y que para los mismos estadistas que la realizaron fue aquello una espina clavada y enconada en la conciencia. El General Kerversau explica con claridad esta situación cuando analiza la propuesta española de cambiar La Luisiana por Santo Domingo, estando todavía Roume en Madrid. “Mientras tenían lugar estas diligencias, la Corte de Madrid hizo proponer a Francia la cesión de La Luisiana en cambio de la parte española de Santo Domingo. Esta Corte apreciaba mucho esta posesión más onerosa que útil y que subsistía sólo por la inversión de dos o tres millones de libras tornesas que estaba obligada a hacer anualmente. Pero esta era la primera de sus conquistas en el Nuevo Mundo, las cenizas de Colón reposaban en ella; Fernando se había formalmente comprometido, por sí y por sus sucesores, a no desprenderla jamás de la Corona de Castilla; un gran amor propio nacional atribuía gran precio a su conservación y la hacía mirar como la piedra fundamental del inmenso edificio del poderío español en América”.
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Si se tiene en cuenta el contenido catastrófico de los reinados de Carlos IV y de Fernando VII y todo el daño que le causaron a España, nada de sorprendente se encontrará en la tragedia de Santo Domingo. Según Menéndez y Pelayo nos traspasaron y vendieron como si se tratara de un hato de bestias, sin tener presente que para la fecha de la cesión existía en Santo Domingo, madura, una conciencia colectiva refractaria a toda ingerencia extraña y un sistema social y jurídico debidamente enlazado al proceso de nuestra formación histórica.
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Los dirigentes franceses, tanto en París como en el Cabo, tenían muy mala información sobre la verdad de las cosas de la parte español de la isla. “Los Agentes en particular, dice Kerversau, estaban imbuidos de mil quimeras inventadas en París para deslumbrar al Gobierno. Pensaban los franceses que en Santo Domingo las tierras no estaban poseídas a título de propiedad sino a título de enfeudación y que las dichas tierras podían pasarse al dominio de la Corona discrecionalmente. Se creía, además, que la inmensa mayoría de las tierras estaban vacantes y que nunca habían sido concedidas. Cuando llegaron aquí se dieron cuenta de que, contrariamente a lo que ellos creían, en esta parte no existía una sola pulgada de terreno sin dueño, que las concesiones hechas por el Gobierno español eran irrevocables y que las personas que no se habían beneficiado de concesiones formales o que por alguna razón tenían perdidos sus títulos, amparaban sus derechos de propiedad, según la ley del país, en un título no menos sagrado: la posesión de treinta años.
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El 16 de noviembre del 1795, tan pronto como se enteraron de la nueva del traspaso, se dirigieron al Rey en sesudo Memorial de protesta, los pobladores más importantes de La Vega: Dionisio de Moya Guillén, José Rodríguez Cid, José Núñez López, Domingo de la Mota, Raymundo del Orbe, Miguel Fernández, Domingo de la Rosa Bocanegra, Pablo Francisco de Amézquita, José de Amézquita, Juana Núñez, como apoderada general de su marido Baltasar Núñez, María Merced Bocanegra, José Ruíz y doce personas más. El documento contiene una valerosa y clara exposición de las consecuencias que el cambio de gobierno traería contra los intereses y la economía de Santo Domingo, principalmente de las regiones centrales del país.
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En ese Memorádum se dijeron con metódica seguridad todas las razones que obligaban a los dominicanos a no desear el cambio. “Los que hemos colocado nuestro primer timbre y honor en el afecto y lealtad a nuestro Soberano, gloriándonos de sacrificar nuestras personas y haciendas en su Real Servicio hasta quedar exhaustas, consumidos y quasi aniquilados en su mayor parte los Caudales de este vecindario teniendo siempre a la vista el ejemplo de nuestros antepasados, que en todos tiempos dieron las pruebas más auténticas de su lealtad, no tenemos valor para sufrir este último golpe, con que se nos entrega al yugo de una nación desconocida, después de las indecibles calamidades que hemos padecido nos es doloroso, por no decir intolerable, la separación de un Monarca que tiene todos atractivos de nuestro amor, y cuya sabia y paternal dirección siendo siempre el norte de nuestras acciones, fue también la base de nuestra felicidad; por tanto nunca dudaremos abandonar nuestra cara patria, aún a costa de las incomodidades, aflicciones y trabajos consquentes a una emigración violenta, pero estando bien cierto que las Reales intenciones conspiran siempre a la común felicidad y resisten la ruina del vasallo, nos alienta la segura confianza de hallar el remedio a su Augusta Clemencia, poniendo a su vista los funestos precipicios que nos amenazan después d tan sensible expatriación”.
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El artículo 9 del tratado de Basilea concedió a los pobladores de la parte española el plazo de un año para que retirasen a Cuba si deseaban seguir siendo vasallos de la Corona. Pero no se hizo ninguna diligencia que animara la emigración. Un elemental sentimiento de respeto a Francia, nación aliada, movió al Gobierno español a restringir lo mas posible el éxodo. Por su parte los franceses trataron por todos los medios posibles de retener en el país a los dominicanos. El Comisario Roume trajo el encargo especial de hacer propaganda en este sentido. Todo fue inútil. Los pobladores pudientes y los que lograron allegarse los elementos indispensables al viaje de expatriación, se fueron de Santo Domingo, creando así un verdadero problema a las autoridades españolas. Nadie quiso quedarse para ser francés, aun a trueque de los sinsabores, sacrificios de toda magnitud y desdichas que implicaba el abandono de la patria. Todo lo admitían menos dejar de ser españoles.
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La narración de los pormenores del abandono de Santo Domingo por una gran parte de sus moradores contrista el ánimo menos sensible. Aquello tuvo colores dantescos, a pesar de que fue poco, comparado con lo que sucedió después, a la llegada de Toussaint y Dessalines.
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Cuando se haga el recuento del éxodo podrán calcularse sobre base cierta los resultados demográficos de la cesión a Francia. Se necesita una minuciosa labor que nos permita fijar científicamente el cuadro de la despoblación que ocasionó el tratado de Basilea. Más que por su significación cuantitativa nos aterrará la emigración por su contenido cualitativo. El desajuste de la economía dominicana tiene su origen en aquel forzado desbande de la población. Con acierto explicaron los vecinos de La Vega, en el documento citado, los efectos económicos del tratado de Basilea. El Cabildo de la Ciudad de Santo Domingo también se produjo contra la cesión y envió a Madrid un emisario para rogar de la real medida. Los funestos resultados de la misma estaban a la vista de todos.
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Es evidente, sin embargo, que los dominicanos de la época, que pudieron serlo todo menos materialistas, arrostraron estoicamente la amargura del destierro; los que se quedaron se aprovecharon del inesperado período de acomodación que transcurrió entre 1795 y 1801, año del abandono efectivo de los españoles, cuando don Joaquín García le entregó el gobierno a Toussaint.
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El movimiento nacionalista de don Juan Sánchez Ramírez contra los franceses y, desde luego, contra los haitianos, tuvo sus raíces en los sentimientos sociales creados por la tradición en Santo Domingo que tan visibles hizo el tratado de Basilea.Semejante actitud de los dominicanos no obedecía a argumentos puramente sentimentales. Razones poderosas de otra índole obligaban a aquellas gentes a proceder como lo hacían. Esas razones eran de tipo ideológico y tenían, desde luego, profundas implicaciones históricas y sociales. Procede dividirlas en tres grandes grupos: económicas, religiosas y culturales.
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Como reconoce y explica el General Kerversau en su comentado Informe al Ministerio de Marina, en 1795 el régimen de la propiedad y, en general, toda la estructura económica de la colectividad española de Santo Domingo tenía segmentación jurídica Aunque necesarias acomodaciones al ambiente de la colonización impusieron cambios apreciables en los sistemas jurídicos que trajo la Metrópoli, es evidente que la sustancia del derecho indiano, homogénea en toda la jurisdicción topográfica del dominio hispanoamericano, emanó del derecho de Castilla. Esto sucedió así tanto en las instituciones de derecho público como en las de derecho privado. Santo Domingo fue, sin duda, el país en el que se experimentaron y se pusieron a prueba las esencias del régimen indiano. Por eso fuimos nosotros el más resistente entronque de la conciencia hispanoamericana y el que mejor ha resistido la acción del tiempo y de la adversidad. Todas las instituciones que creó la colonización española en América tuvieron en la Isla Española su campo de adaptación y de observación, en los primeros cincuenta años del siglo XVI. Es pues cosa no discutida la consubstanciación de nuestra formas sociales con las formas hispánicas. Nosotros no podríamos ser otra cosa que aquella, ni podríamos conducirnos sino de conformidad con nuestras idiosincrasia, madura ya en 1795 por tres siglos y tres años de evolución.
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Pero no son solamente las modalidades económicas las que se deben tener en cuenta al estudiar la reacción que produjo en Santo Domingo la noticia del traspaso a Francia. Tan importantes como aquellas o tal vez más importantes, son los aspectos que miran a las formas religiosas y culturales de la constitución dominicana, o para denominarlas más correctamente, hispano-dominicana del 1795. En general el gobierno español de las Indias tuvo un doble carácter, eclesiástico y civil, sólidamente fundado en el régimen regalista que envolvió el Patronato Regio negociado por los Reyes Católicos con la Santa Sede desde los comienzos de la conquista.
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El contenido social de la acción española en las Indias está íntimamente asociado a la influencia del Patronato y, más tarde, a la de la Contrarreforma, cuando Felipe II convirtió en leyes del Estado español, con fuerza civil, las resoluciones del Concilio de Trento. Con la aplicación estricta y exigente de estos dos grandes instrumentos cobró carácter institucional, activo, social podríamos decir, el gobierno canónico en las Indias, ejercido como función de Estado, no por el Papa, sino por la Corona de Castilla.
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De aquellas formas de gobierno tenía que surgir necesariamente un sistema de cultura y una manera de vivir adecuados a las modalidades de la administración: el régimen de la propiedad, el régimen de la familia, el derecho sucesoral, las características del matrimonio, la manera de distraer a los niños, la de enterrar los difuntos y todo cuanto concierne a las formas privadas de la convivencia; el régimen municipal; las relaciones de los particulares con la Iglesia, tan importante en tiempos de la colonización; el régimen de la instrucción pública, especialmente el de las Universidades, Colegios y Seminarios y, en general, el contenido entero del derecho público. Toda esta estructura social, vigente por más de tres siglos en Hispanoamérica, descansó sobre bases profundas e inconmovibles de tipo universalista, imperial y religioso.
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Notas:
1- El tratado de Basilea (cap. I); Manuel Arturo Peña Batlle. Impresora Dominicana, Santo Domingo (Ciudad Trujillo), 1952, pp.5-17
2- A.G.I. (Archivo General de Indias). Estado, 11 (64), Número del Catálogo-Sección novena, 279.
3- A.G.I Estado, 13 (15), Número del Catálogo, Sección novena, 295.
4- Véase el Informe en Boletín del Archivo General de la Nación, Nos. 2, 3 y 4.Véase sobre las negociaciones franco-españolas para retroceder La Luisiana. F.P. Renaut “La Question de La Louisiana, 1796-1806” –París-1918. Separata de la “Revie de l’Historie des Colonies francaises”.-

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EL TRATADO DE BASILEA
Y LA DESNACIONALIZACION DEL SANTO DOMINGO ESPAÑOL
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Manuel Arturo Peña Batlle
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Capítulo II
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En lo que toca particularmente a Santo Domingo las cosas presentan carácter muy específico. Nosotros somos media isla geográfica y una isla cultural y política. La ley fundamental, el elemento básico de nuestra formación social son la inestabilidad y la inquietud. La nacionalidad dominicana se integró en un inconfundible ambiente de recelo y desconfianza que nos obliga a vivir sobre el escudo en función constante de combate y vigilancia. La colectividad dominicana no tuvo reposo ni espacio moral para darse a la tarea de su propia formación. Vivió como le permitieron los otros que viviera: en la agonía de no perderse para siempre. Perdernos era dejar de ser españoles. Ninguna agrupación hispanoamericana corrió como nosotros este riesgo.

La independencia dominicana, como fenómeno social no tiene paralelo en el Continente porque comenzó a producirse dos siglos antes de que despertara en estas tierras una conciencia política de autodeterminación. Por lo menos desde mediados del siglo XVI (1550). La Española se enfrentó al serio problema que le creó a las autoridades y a los pobladores el contrabando que los productos tropicales de nuestra tierra hacían los navegantes de las naciones coaligadas contra España: Inglaterra, Holanda y Francia. Este sistema de contrabando nada tenía que ver con la guerra de los corsarios en el mar ni con los ataques que éstos hacían esporádicamente a los puertos españoles de las Indias, como el que nosotros mismos sufrimos cuando el Drake saqueó la ciudad de Santo Domingo en 1586. La acción de los contrabandistas era constante y sistemática y no implicaba robo sino comercio prohibido. Casi la totalidad de la producción de la isla la vendían ocultamente sus dueños en La Española a los tripulantes de los buques europeos que venían expresamente a comprarla contra la prohibición del Gobierno español.

Este sistema comercial acabó por arruinar totalmente la isla en razón de que, yéndose su producción por vías delictuosas a manos enemigas, sin pasar por las aduanas y sin que el Gobierno recibiera de ella ventaja alguna, el sostenimiento de la comunidad se convirtió en una carga directa para España, que se vio en el caso de atender con dinero situado las necesidades más perentorias de la administración. Baltasar López de Castro en 1598 y Antonio Osorio en 1606 calcularon en un millón de ducados el valor anual de los productos que salían de la isla. Para dar una aproximada idea de lo que significaba la pérdida anual diremos que un millón de ducados en 1606 podía compararse en su valor adquisitivo, según los cálculos de Ramón Carande, (Carlos V y sus banqueros, pág. 357), con una suma igual a doce millones de dólares oro, de los anteriores a la guerra de 1914.

Recientemente el profesor Sluiter calculó en ochocientos mil florines de la época el valor anual del comercio intérlope que sólo los holandeses hacían con la isla Española en los primeros años del siglo XVII. El valor adquisitivo del florín era entonces más o menos igual al del ducado español.

Esta situación, peculiar solamente a la isla Española en todas la indias, cobró su mayor intensidad en los últimos veinte años de los quinientos (de los años 1500 /OQ), o más bien en el tiempo transcurrido entre la muerte de María Estuardo (1587) y la de Felipe II (1598). Tuvo el drama del contrabando imborrable repercusión social en Santo Domingo y terminó con la devastación y el abandono de toda la parte noroeste del país, centro principal del intercambio con los herejes (1605-1606). Por el momento no encontraron los españoles otro expediente para deshacerse de la persistente acción de sus enemigos en las tormentosas aguas del Caribe.

Mientras duró el problema del comercio los españoles-dominicanos vivieron tiempos de profunda inquietud. Aquí se vivía, desde luego, en función de peligro, en continua acción de riesgo. El disimulo y la duplicidad tenían que ser, por imperio de las circunstancias, el fondo del paisaje moral de la convivencia. La vida se hacía sin contenido espiritual, sin reposo ni descanso. El habitante que comerciaba con herejes –y eran la inmensa mayoría- vivía al margen de la ley y de sus deberes religiosos. No era ni hereje ni católico. Su vida entera la daba a la angustia de un comercio que si lo enriquecía, no le permitía disfrutar de su riqueza, porque debía esconderla para simular miseria. El dominicano de entonces hizo de la fatiga y de la infamia régimen ordinario de su existencia. La sociedad se ajustó sobre normas completamente extrañas a la moral social de su época. Sólo la incontrastable influencia de la Contrarreforma española impidió que retornara al estado de naturaleza. Para ello tuvo que reconcentrarlo en la porción de la isla que es hoy nuestro país.

Aquí nos reconcentraron no para vivir en paz a cambio de lo que abandonamos y perdimos, sino para iniciar con ello un nuevo y largo episodio de angustia, sudor y sangre. Comenzó en la Tortuga cuando los normandos se introdujeron en ella para fomentar el bucanerismo y el filibusterismo y terminó, en su primera época, a principios del XVIII, cuando Felipe V, el primer rey Borbón de España, le dio estabilidad a la colonización francesa. Entonces, y para prolongarse por casi toda la centuria, se inició el proceso de la formación fronteriza entre las dos colonizaciones asentadas en la isla. Eso terminó en 1777 al convenir las Cortes de España y Francia, en Aranjuez, un régimen de separación en Santo Domingo.

Apenas terminado este sangriento y agitado período de acomodación, los fulgores de la Revolución Francesa incendiaron el ánimo de los negros esclavos de la parte francesa de Santo Domingo para lanzarlos, en horrible movimiento de libertad, hacia la reivindicación pura y simple de sus derechos de vida y de su específica condición humana. Estalló de pronto lo que Salvador Madariaga llama la Revolución Negra, sostenida y conducida principalmente por la astucia genial, el valor y la crueldad de Toussaint L´Overture. La independencia de los Estados Unidos y la Revolución Americana no tuvieron influencia apreciable en la situación de los negros esclavos de este Continente, pero el movimiento francés de los últimos diez años del siglo XVIII llegó a lo más profundo de la conciencia social de los grupos aherrojados.

Los sucesos que entonces tuvieron lugar en Santo Domingo levantaron la protesta hasta de los más encarnizados enemigos de España. En 1798 escribió Miranda desde Londres a su amigo Turnbull lo siguiente: “Le confieso que tanto como deseo la libertad y la independencia del Nuevo Mundo, otro tanto temo la anarquía y el sistema revolucionario. No quiera Dios que estos hermosos países tengan la suerte de St. Domingue, teatro de sangre y de crímenes so pretexto de establecer la libertad; antes valiera que se quedaran un siglo más bajo la opresión bárbara e imbécil de España”.

La colectividad española de Santo Domingo, por determinación ineludible de la geografía y por incomprensible determinación política de la Corte de Madrid, fue la mas inmediata víctima de la Revolución Negra, es decir, del movimiento armado de manumisión dirigido por los esclavos negros y mulatos de la colonia francesa de Santo Domingo contra el patrimonio de su Metrópoli. Todo el siglo XIX lo vivimos bajo los efectos del horrible impacto. Los resultados sociales de aquello son de muy penosa y difícil descripción.

Las vicisitudes sociales de la población del Santo Domingo español, que pueden clasificarse en cuatro períodos de un siglo de extensión cada uno, obedecieron todas a luchas ideológicas de sentido universal. Durante más de dos tercios de los quinientos (de los años 1500 /OQ) luchamos contra la Reforma. El contrabando de los productos de la isla fue un activo agente de la lucha del calvinismo contra los poderes católicos. Los holandeses se valieron largamente de aquellos productos para obtener su independencia y crear luego su imperio. A fines de la centuria la isla de Santo Domingo vivía un penoso período de inquietud en el que estuvieron a punto de perderse nuestra raíz hispánica y nuestra tradición católica. En el transcurso de los seiscientos vivimos en constante estado de guerra con bucaneros y filibusteros, luchando contra el individualismo crudo y descarnado que dio origen a todo el sistema capitalista moderno. De ese episodio salimos maltrechos y vapuleados después de perder algo más del tercio de la isla. Los setecientos los pasamos en un cruento y prolongado esfuerzo para obtener la divisoria fronteriza que nos salvara de la penetración francesa. En 1795 nos pagó España aquel denodado esfuerzo vendiéndonos a Francia como si fuéramos un “hato de bestias”, en el momento preciso en que triunfaban en aquel país las ideas por las que habíamos sufrido nosotros todas nuestras vicisitudes. Los ochocientos nos trajeron el predominio de los esclavos y la influencia de las ideas y los sistemas del materialismo y el positivismo francés, traducidos en más de cincuenta años de desconcierto y turbulencias derivadas de la influencia de Haití.

Todo eso lo sufrimos los españoles-dominicanos en forma directa, sintiéndolo en la carne y en los huesos, corriendo de un lado a otro, sudando y sangrando horrores cuando los otros pueblos de América, apenas turbados por esporádicas intrusiones, disfrutaban de opulentas formas de dominio y de consorcio con los centros europeos, o vivían tranquilos, bajo la normal influencia de aquellos centros metropolitanos. Cuando ya entrado el siglo XIX los pueblos hispanoamericanos comenzaron la lucha por la independencia sus esencias sociales tenían moldes definidos. Se independizaron de España después de haber aprendido a vivir el contenido de los regímenes políticos que vació en las provincias la Madre Patria. Se independizaron cuando se les maduró la conciencia. En cambio, los dominicanos maduramos la nuestra luchando por no dejar de ser españoles.

El fenómeno es curioso e interesante: la independencia dominicana representa un movimiento social de introspección. Continuamente nos hemos visto obligados a volver hacia atrás –por vías de conservación- para no perder nuestras características permanentemente amenazadas por el imperialista calvinista, por el materialismo y por el africanismo básico de la formación social haitiana.

Es evidente, desde luego, que el más auténtico y entrañable proceso de constitución social en América es el que envuelve en sí misma la independencia dominicana, por ser el más remoto y el que mejor relación tiene con las raíces espirituales del orden social americano. La independencia dominicana tiene verdadero contenido ideológico y es la más clara expresión de toda la lucha de ideas y sentimientos que dio origen a la civilización iberoamericana.

Cuando el comisario Roume de St. Laurent llegó a Santo Domingo en abril de 1796 encontró, según se desprende de cuanto dejamos dicho, un país debidamente evolucionado de acuerdo con el orden social que crearon estos tres elementos: un gobierno civil y militar, un gobierno eclesiástico paralelo a aquel, y una orientación cultural de tipo clásico. Ese orden social descansaba pues en una serie de valores jerarquizados de muy larga y profunda influencia.

Valores económicos determinados por una completa distribución de la propiedad inmueble con todas sus consecuencias sociales. Valores jurídicos resultantes de la organización extensa y completa de la familia como elemento social de primer orden; de la evolución del régimen municipal, del régimen fiscal y de todas aquellas situaciones de orden subjetivo que se refiere al régimen de la propiedad privada. Valores morales provenientes de una rigurosa organización eclesiástica y de los sentimientos religiosos provocados por aquella organización. Valores culturales propiamente dichos derivados de una larga práctica docente dirigida y administrada por la autoridad gubernativa y por la de la iglesia.

Un dominicano de 1795 era persona habituada a acatar el principio de autoridad; persona estrechamente vinculada a la confesión católica sin resquicio posible de examen ni muchos menos de discusión de su dogma; era persona habituada a conducirse conforme a reglas precisas de convivencia y que contaba, si se había dedicado a ello, con apreciable caudal de cultura. Dominicanos del 1795, formados en Santo Domingo, eran don Antonio Sánchez Valverde, el Dr. Faura, el doctor Correa y Cidrón, don Francisco Javier Caro, el Arzobispo Valera y Jiménez, don Juan Sánchez Ramírez, don Domingo Muñoz y muchos otros más. La clase dirigente era toda dominicana, salvo por supuesto, los funcionarios enviados directamente de España. La Universidad llenaba su cometido a conveniencia de todos, y generación tras generación, recibían en aquel centro los elementos de una satisfactoria vida intelectual.

El dominicano de 1795 tenía sentido cabal de sus funciones humanas y aunque todo aquello dependía de una estricta acomodación de clases y jerarquías que terminaba en la institución misma de la esclavitud, es evidente que no por eso era menos sosegado el ritmo social de la colectividad. No existían problemas de castas ni la vida se hacía sobre fórmulas inhumanas de explotación. El cese de la esclavitud lo posponía precisamente el carácter inocuo de la misma. Los esclavos del Santo Domingo español del 1795 no reclamaron ni gestionaron su libertad, que no les hacía falta, porque de hecho no eran víctimas ni sujetos de tratamiento inhumano. No es posible comparar, ni de pasada, la situación de la pobre bestia humana que sostuvo durante todo el siglo XVIII la prosperidad de la parte francesa, con la del trabajador dominicano de la misma época, en efectivo estado de manumisión.

La llegada de Roume a Santo Domingo envolvió pues una terrible problema social. El comisario vino a poner sobre las vías ideológicas, políticas, religiosas, administrativas y culturales recién abiertas en la conciencia universal por la Revolución Francesa, el organismo, viejo ya de más de tres siglos, de lo que era la sociedad dominicana. La empresa resultaba monstruosa y así lo comprendieron todos los hombres honrados e inteligentes que nos mandó Francia. La fusión resultaba imposible en vista del grado de madurez política y social a que había llegado el país dominicano. Existía ya entre nosotros una clara y definida conciencia nacional, capaz de medir y sentir los peligros de la incorporación a Francia. La situación la expresó Kerversau cuando escribió estas palabras: “El espectáculo terrible de los desastres de la Colonia Francesa habían aterrorizado a los habitantes de la Colonia Española y les hacía mirar el día de su reunión a Francia como el de su entera destrucción”.

En 1796 ser francés y vivir como querían los revolucionarios que se viviera en sociedad implicaba una transformación tan grande de sistemas, de ideas y de sentimientos que no era presumible siquiera que en el Santo Domingo español se pensara en semejante cambio. Sin embargo, de esto fue Santo Domingo el primer país extranjero, la primera congregación humana extraña a la jurisdicción política de Francia, que recibió directamente el contacto de las leyes y sistemas sociales de la Revolución.


Manuel Arturo Peña Batlle; El Tratado de Basilea; desnacionalización del Santo Domingo Español. Capítulo II. Cuadernos de Interpretación Histórica. Impresora Dominicana. Ciudad Trujillo, República Dominicana, 1952,. Pp. 19-27.

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EL TRATADO DE BASILEA

Manuel Arturo Peña Batlle
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Capítulo III.

Prolijo e innecesario sería el recuento de esos sistemas sobradamente conocidos. La influencia de los mismos llegó un poco más tarde, por los caminos de la demagogia, a la conciencia de los pueblos hispanoamericanos y de cierto modo desvió y desnaturalizó el proceso de su independencia, que no debió producirse con las derivaciones individualistas y subjetivas con que se produjo porque esos no eran ni su entronque ni su trayectoria. Pero, por esta misma posición revolucionaria de la Francia del 1795, para compararla con el clima social que entonces existía en las demarcaciones españolas de América y particularmente en Santo Domingo. Sólo así podrá apreciarse a derechas el conflicto que determinó el encuentro de regímenes tan fundamentalmente desiguales. La materia merece, desde luego, estudio profundo y exhaustivo que no cabe dentro de las proporciones de este ensayo. Nos limitamos a señalar el asunto para que alguien le dedique examen más atento y cuidadoso. Por ahora nos bastan las líneas generales de la situación.

La posición revolucionaria de la Francia del 1795 tuvo, principalmente, profundas implicaciones intelectuales; desde luego, en el terreno social, profundas implicaciones políticas y religiosas; y, finalmente, en sus aspectos puramente normativos, profundas implicaciones jurídicas o de reglamentación. Las raíces de la Revolución Francesa ofrecen, antes que nada, sentido puramente teórico. Fue el cambio de las doctrinas filosóficas, iniciado en los comienzos del siglo XVIII, lo que determinó, a fines de la misma centuria, el cambio violento y catastrófico de los sistemas políticos y sociales vigentes en Francia. De aquí se pasó al cambio de la organización jurídica de la vida de relación. Como es sabido, el movimiento conmovió y ensangrentó al mundo, porque la expansión de las ideas en que se fundó todo aquello fue enorme.

Deísmo o materialismo. Religión o irreligión. Moral cristiana dirigida por el dogma, o moral social laica según la planearon los enciclopedistas (1751-1772). En estos términos se planteó la lucha de las ideas filosóficas y sociales en el siglo de la Ilustración. Los filósofos triunfantes del materialismo, los grandes directores del movimiento intelectual, desde Montesqueiu hasta Rousseau, asaltaron, usando para ello todos los medios de combate, lícitos o ilícitos, el orden establecido sobre las bases cristianas para tratar de crear un orden nuevo de convivencia sobre la abstracción de una moral social, puramente materialista, derivada del libre juego de las leyes de la naturaleza. Con esta creación combatieron vigorosamente la influencia religiosa e hicieron posible el estallido de la Revolución. Mientras los dogmas cristianos y católicos se fundaban en el pecado original, en la necesidad de una redención que sólo es asequible por los caminos de la contrición y del sacrificio, los enciclopedistas creían en la bondad natural del hombre siempre que no estuviera contaminado por los vicios de sociedades mal organizadas. Afincaban en la naturaleza toda la eficacia de la moral. No creían en nada trascendente ni revelado.

Como siempre sucede cuando triunfa una gran corriente del pensamiento, ésta finalmente se impone en la organización social, pero antes pasa por el tamiz de la contienda política. La revolución intelectual que provocaron los pensadores franceses del XVIII desembocó en la revolución política que tuvo antecedentes inmediatos en el desplazamiento del humanismo cristiano por el materialismo ateo de la Enciclopedia.

Es lógico que de semejante situación surgiera, o tratara de surgir, una modalidad social también materialista y atea. La Revolución Francesa llegó a su verdadero climax ideológico cuando se produjo la gran crisis político-religiosa que separó al clero francés de la obediencia a Roma y creó el hondo cisma de la descristianización. La fiesta del 10 de agosto del 1793, con sus desfiles ideados y organizados por David: la reforma del calendario, efectuada en octubre del mismo año, para proscribir el sistema gregoriano de repartir el tiempo; la fiesta de la Razón, celebrada el 10 de noviembre en Notre Dame, señalan los grandes sucesos de la reacción racionalista y arreligiosa.

Todo aquello, sin embargo, provocó no solamente la consternación de los espíritus moderados y sensatos dentro y fuera de Francia, sino poderosas coaliciones de fuerzas extranjeras para contener, por las armas, el progreso de aquella semilla. Francia luchó contra Europa, impulsada por las ideas nuevas. No solamente resistió la alianza de los poderes conservadores, sino que desbordó sus ejércitos más allá de sus fronteras para expandir con ellos los sentimientos sociales recién nacidos. Cuando sucumbieron los ímpetus de la expansión ya estaban prendidas las raíces del nuevo espíritu europeo, fecundado por la sangre que derramaron las armas napoleónicas en todas las encrucijadas del viejo Continente.

La caída del antiguo régimen en Francia, esto es, de los sistemas sociales todavía dependientes de la organización feudal, envolvió un cambio sustancial en el mundo europeo. Es evidente, sin embargo, que la más resistente corteza contra el racionalismo y el materialismo la ofrecieron los sistemas sociales españoles, aunque, por inexplicable paradoja política, fuera España aliada de las armas revolucionarias. Los tratados de Basilea y San Idelfonso con la colaboración de Godoy y los acólitos de Fernando VII en los fines militares de la Revolución, no tienen sentido ni pueden explicarse sino por la hondura de la decadencia española de la época. No nos interesa, desde luego, para el objeto de este trabajo, la influencia de la Revolución en la España metropolitana. Nos atenemos a la repercusión del racionalismo en las formaciones sociales y políticas de la América hispánica.

Como acontecimiento puramente político la Revolución Francesa creó un plano de abstracciones individualistas convergentes todas en el gran principio de la igualdad humana y de la libertad de conciencia. Se proclamaron los derechos del hombre como elemento básico de la vida jurídica; se abolieron todos los privilegios sociales hasta entonces existentes y se barrió con las diferencias de clases. Las jerarquías económicas, religiosas y sociales desaparecieron sin remedio para darle paso al imperio de la ley sobre la actividad del consorcio humano. La vida social cobró caracteres puramente surrealistas. El hombre ganó para sí el mundo de la conciencia, convertido en la realidad de una ordenación jurídica y legal.

La Francia revolucionaria rompió todos los lazos que la unían a la tradición y las formas históricas del pasado. Se creó un plano irreal y quimérico de igualitarismo, comunismo y espartanismo, según la expresión de Taine, completamente divorciado del la formación social y nacional de pueblo francés. De aquel fenómeno puramente ideológico no podía surgir la objetiva, durable y real organización centralizada del Estado que soñaron y comenzaron a construir Richelieu y Luis XIV y que en cierto modo previó el mismo Mirabeau, desde 1790. Según observa Taina la obra social y política de la reconstrucción comenzó a producirse en Francia cuando el genio administrativo de Bonaparte asoció el espíritu negativo de la Revolución el largo proceso del clasicismo para fundar la conciencia nacional de la Francia contemporánea. Es decir, cuando Napoleón inyectó en la constitución tradicional de la sociedad francesa, en la cultura específica de aquella sociedad, las verdaderas conquistas espirituales de la Revolución. Se creó entonces un nuevo sentido social en Francia, armónico con los moldes históricos y tradicionales de aquel país. La obra política de Napoleón fue, por tanto, esencialmente conservadora. Envolvió un razonable regreso al pasado. La caracterización de este proceso de regresión la dan el Concordato del 1801 y el Código Civil de 1804, construido dentro de las viejas formas del derecho francés.

“En todo orden social y moral, el pasado justifica el presente; la antigüedad sirve de título, y si se busca más allá de todos estos cimientos consolidados por los siglos, en las profundidades subterráneas, la roca madre y primordial, se la encontrará en la voluntad divina”. Puede afirmarse con certeza que si en una sociedad desapareciesen de un solo golpe los principales prejuicios, el hombre, privado del precioso legado que le transmitió la sabiduría de los siglos, volvería súbitamente al estado salvaje y retornaría a lo que fue en su origen, un lobo inquieto, hambriento, vagabundo y perseguido”. (1)

Esa fue, en sí, la quimera del racionalismo francés del XVIII y de la desconcertante actividad política de la Revolución en que desembocó todo el pensamiento filosófico de los maestros del racionalismo y del materialismo: el divorcio absoluto entre la tradición, la enseñanza del pasado, la fuerza de las costumbres y de los prejuicios y las nuevas formas de la vida pública y privada, las que se derivaban de la filosofía de la naturaleza. El intento fracasó ruidosamente porque era a todas luces imposible convertir en realidad social, en programa activo de la vida pública las abstracciones igualitaristas y legalistas de un Reberspierre o de un Saint-Just.

Es fácil colegir la situación que produjo en Santo Domingo, español por más de tres siglos, formado ya en los moldes sociales, jurídicos y económicos de la convivencia con las instituciones y los sistemas españoles de gobierno, la implantación súbita y efectista de una tutela francesa y de una tutela francesa de la Revolución. Aquello tuvo que resultar sencillamente catastrófico. Nosotros los dominicanos no podremos comprender jamás la parte que nos tocó en le tratado de Basilea. Si no fuera porque los mismos españoles tampoco lograrán comprender nunca el sentido de su desventurada historia de la época revolucionaria y napoleónica, tendríamos que despreciar a España para siempre. Pero España no es responsables de las debilidades y bajezas de un gobierno, de las venalidades de un favorito corrompido e inepto ni aún de la propia incapacidad colectiva de una generación. España no es eso, ni ha sido eso. El Santo Domingo de 1795 y el de 1809 era más español que Godoy y que Fernando VII y representaba con más pureza y mejor sentido que ellos los valores de la tradición.

Ni Francia ni España comprendieron el significado de la cesión de Santo Domingo. Francia porque creyó adquirir algo parecido a su colonia de Saint-Domingue y complementario a aquello y España porque no se dio cuenta de que estaba vendiendo no un pedazo exiguo de tierra sino parte de su propio ser nacional, de su misma conciencia colectiva. Por su lado los dominicanos del 1795 se percataron rápidamente de que el cambio de tutela implicaba para ellos la total enajenación de sus esencias, las que extraerían del pasado y de la tradición para fundar un día su propia autoridad política. No podían ellos resignarse a perder el camino recorrido en tres siglos y tres años de convivencia con España. Este fundamental problema de nacionalidad no lo confrontó tan temprano y tan a destiempo ningún pueblo de América.

Desde 1795, cuando se les notificó oficialmente el suceso diplomático de su traspaso al dominio de Francia, comenzaron los dominicanos a confrontar el serio problema de la desnacionalización. Ante el peligro de la conquista del materialismo francés sintieron la necesidad sustancial, vitalísima, de aliarse a la tradición, a la influencia del pasado español, contrapartida, en Santo Domingo, del materialismo. Los elementos sociales de la tradición eran, para los dominicanos, la religión católica “que ordena a los hombres someterse a los poderes establecidos” y vivir conforme a los dictados de una moral regulada; las reglas civiles, escritas y consuetudinarias, que organizaban el matrimonio con carácter sacramental indisoluble, los testamentos, las sucesiones, los contratos, el uso de la propiedad y el régimen de la familia, totalmente de conformidad con el espíritu básico del Derecho y las instituciones de Castilla, aquellos que derivan del Fuero Juzgo y de las Siete Partidas; la formación cultural e intelectual de las Universidades españolas, la influencia de las grandes órdenes religiosas como la de San Francisco, la de Santo Domingo y la Compañía de Jesús, moldes tricentenarios del carácter colectivo del grupo social dominicano.

Contra la supervivencia de la tradición se produjo todo el contenido político de la Revolución Francesa. Las raíces filosóficas del gran movimiento podrían discrepar en cuanto a sus tendencias, pero todas coincidían en un punto fundamental: la tradición era el enemigo. D´Alambert era escéptico; Diderot y La mettrie, Helvecio, Condorcet, Lalande y Volney francamente ateos; Voltaire y Rousseau no se entendieron nunca sobre los fines de sus propias tendencias filosófica; pero todos estaban de acuerdo en que sin destruir al enemigo, sin arrastrar los últimos vestigios de la tradición, no era posible inaugurar el absoluto imperio de la razón. En este plano no podía concebirse un armónico entendimiento entre la historia y la razón. El grito de guerra del enciclopedismo fue el de “retorno a la naturaleza mediante la abolición de la sociedad”. Esa fue, más tarde, la consigna del jacobinismo terrorista y demoledor.

El tratado de Basilea, concluido en 1795 entre la Convención, asamblea gobernante de la Francia revolucionaria, y Carlos IV de España, prototipo de las ideas y los sistemas tradicionalistas por excelencia, creó el drama largo, sangriento, inconcebible que desagarró a Santo Domingo por más de un siglo: el drama de la desnacionalización, la lucha entre el materialismo y la tradición, entre lo francés, más tarde lo haitiano, y lo español. Esa lucha la sostuvieron los dominicanos más que por amor a España por reclamo de sus propias esencias sociales, por instinto de conservación, por ineludible mandato de la legítima defensa de sus posibilidades nacionales, ya asomadas en 1795 a las ventanas de un futuro inmediato.

En política existen tres maneras de conducirse los hombres: “la puramente conservadora y misoneísta a la que pertenecen los timoratos pusilánimes, -como los he llamado yo en otra ocasión, al referirme a la España del siglo XVIII-; la racionalista pura, o sea, aquellos que proyectan una actuación social sobre esquemas racionales rigurosos, y por eso son reformadores utópicos o ilusos; y, por fin, la de los reformadores prudentes, en quienes se armoniza el deseo de novedades con la vinculación del pasado” . (2)

¿Cuál de esas posturas podían adoptar los dominicanos del 1795 frente al tratado de Basilea? ¿Una actitud conservadora, tradicionalista e hispánica; una actitud afrancesada de alianza con el materialismo revolucionario; o una actitud de transacción entre lo hispánico y la francés? No por timoratos ni por pusilánimes, sino por ineludible disposición de su propio ser social, estaban los dominicanos obligados a escoger el primero de estos tres caminos. No podían hacer otra cosa si deseaban seguir siendo dominicanos.

Entregarse a los franceses implicaba un profundo problema de asimilación imposible de resolverse por vías del racionalismo revolucionario. De ningún modo podía acomodarse un dominicano de entonces a los sistemas utópicos e irrealizables de la flamante ideología política de los franceses del último decenio del XVIII. La tercera de las posibilidades era todavía más irrealizable que la anterior porque una política de transacción entre lo francés y los español no podía terminar en otra cosa que el predominio haitiano. Esa fue, precisamente, la política de Toussaint, Dessalines y Boyer, y resultaba, desde luego, la más peligrosa de todas.

La única manera de llegar alguna vez a la independencia la vieron los dominicanos de aquella época en la conservación de sus formas sociales tradicionales. Nuestra independencia tiene configuración conservadora. Es el resultado de un fenómeno de introspección Social. El contacto con el materialismo haitiano, nos enajenó muchas de nuestras modalidades originarias, pero lo recóndito de nuestras esencias hispánicas se mantuvo y se mantiene inalterado.

Notas:
1- H. Taine.- Les origines de la France Contemporaine. L´ancient régime- Tome II- Pág. 17- Hachette-1947
2- Vicente Palacio Atand-El problema de España y la Historia. Cuadernos Hispanoamericanos.- Núm. 16.- Madrid, julio-agosto, 1950, pág. 47

Manuel Arturo Peña Batlle; El Tratado de Basilea. Desnacionalización del Santo Domingo Español. Capítulo III. Cuadernos de Interpretación Histórica. Impresora Dominicana, Ciudad Trujillo, República Dominicana, 1952. Pp. 29 – 37.

2 comentarios:

fernando cardoza dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
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